Es cierto que las instituciones políticas tienen una deuda con la sociedad civil: explicar bien en qué consiste su actividad, ser accesibles y trasparentes para el ciudadano y llegar al gran público que observa incrédulo actuaciones difícilmente justificables jurídicamente y humanamente.
Es el mal de nuestro tiempo. La complejidad administrativa actúa como un monstruo burocrático que dificulta la claridad de los procesos y por ende una comunicación efectiva con el ciudadano. Quizás eso sea efecto de la escasa preparación técnica e intelectual generalizada nuestra clase política, que llegan a puestos esenciales de poder sin saber idiomas, careciendo de conocimientos de nivel medio o superior, y lo que es más importante, sin saber cómo funcionan las instituciones a las que son asignados.
Pero buena parte de la responsabilidad es también de los periodistas que a la busca de un titular fácil no dudan en manejar conceptos erróneos y hacer afirmaciones inexactas sólo para capturar audiencia, contribuyendo así a la creación de una percepción errónea de la institución y a su propio deterioro. Y los periodistas si que poseen una formación especializada.
Buena parte de ese público está cansado de la manipulación de titulares y contenidos de nuestra prensa actual y prefiere acudir a las redes sociales para recibir una información más, digamos, “aséptica”. Los algoritmos de localización de perfiles de los proveedores de software hacen el resto y así es fácil el poder crear falsas noticias, divulgarlas, generar conciencias de opinión y fomentar el deterioro de las instituciones.
Es un círculo vicioso del que sólo podremos salir si los periodistas se comprometen con sus códigos deontoológicos y acuden a fuentes especializadas para la elaboración de noticias. Es por eso, en esta sociedad de la información en la que vivimos, que los investigadores, los científicos, tenemos que volcarlos en la transferencia de nuestros avances a la sociedad.
Pero el círculo se riza más aún cuando asistimos perplejos a espectáculos mediáticos como el de utilizar la denominación de "primera dama" para referirse a la mujer de un jefe de gobierno en un estado monárquico. No voy a insistir en el problema pero si en nuestra responsabilidad como investigadores, y como presidente de una asociación que se dedica a fomentar y difundir el conocimiento de las instituciones, su ceremonial y su protocolo (Sociedad de Estudios Institucionales) hago mío el reto de tratar de que la terminología referida a las instituciones sea lo más certera y precisa posible.
Ello es bastante más complicado cuando nos encontramos con que wikipedia se refiere a las primeras damas como "cónyuge del titular del poder ejecutivo".
Y más chocante se convierte la definición cuando hacemos la búsqueda en google porque lo primero que nos sale es "mujer casada con un jefe de Estado o con un jefe de gobierno" (¿?).
Así las cosas no está demás recordar que no toda la información que aparece en internet debe ser admitida como verdad absoluta y sin más paso a recordar que existe una máxima autoridad en la materia que nos lo deja clarito: el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que nos dice:
"En algunos países esposa del presidente de la nación".
Nada más queda por decir
Fuentes:
https://dle.rae.es/?id=BqCXb3I
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=primera+dama
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_dama
https://www.cadenadial.com/2018/los-espanoles-son-los-europeos-que-mas-creen-las-fake-news-144077.html
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